La reforma de la Ley de Migraciones presentada por el Gobierno chileno en pos de "una migración segura, ordenada y regular" ha recibido fuertes críticas de una parte de la sociedad, que la tacha de "discriminatoria, selectiva y racista".
Así lo expresó a Efe la académica de la Universidad de Chile Caterine Galaz, quien dijo que el país ha involucionado y copiado modelos restrictivos de países que han puesto cortafuegos para controlar la migración, lo que genera ciudadanos de primera y segunda categoría.
El Gobierno chileno presentó el pasado 9 de abril una reforma a la actual ley de Migración, que data de 1975, que entre sus ejes propone regularizar a 300.000 extranjeros, además de exigir una visa especial de turismo a haitianos y un permiso a migrantes venezolanos, que deben ser solicitados en los consulados respectivos.
Galaz valoró que el proceso de regularización extraordinario, que se inicia este 23 de abril, favorecerá a extranjeros "expuestos a explotación laboral, sin acceso a los sistemas de salud y educación", pero denunció que esta condición fue favorecida por una legislación "muy restrictiva".
Actualmente residen en Chile más de 1,1 millón de extranjeros, de los cuales alrededor de un tercio se encuentra en situación ilegal, según cifras oficiales.
Por esta razón, el Gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera ha puesto el foco "en una migración segura, ordenada y regular", tras recibir un "desorden administrativo" legado del periodo anterior, según el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Galaz, sin embargo, consideró "discriminatorio, selectivo y racista" que se exija un visado especial solo a dos nacionalidades, lo que respondería al creciente flujo migratorio dado por las condiciones de crisis en que viven Venezuela y Haití, según el Ejecutivo.
La llegada de haitianos a Chile pasó de 1.649 en 2014 a 73.098 en 2017, lo que la convierte en la comunidad que más ha crecido en ese periodo y la sexta nacionalidad con mayor presencia en el país, con 112.000 ciudadanos.
En cuanto a los venezolanos, se estima que hay más de 134.000 en el país, con lo que equivalen al 12 % de los inmigrantes.
"Ya se hizo en el 2012 algo similar con la población dominicana, lo que aumentó el tráfico de personas que quedan en situación irregular y son explotadas laboralmente", sostuvo Galaz.
Añadió que en este Gobierno "se imponen sesgos racistas que ponen al migrante como chivo expiatorio, cuando en realidad son un aporte para el país".
El requisito de visa para haitianos y venezolanos ha provocado aglomeraciones de personas en los consulados chilenos en esos dos países, por lo que el Gobierno ha instruido reforzar los organismos con más funcionarios.
La nueva normativa además elimina la visa temporal por motivos laborales, implementada por el Gobierno de Michelle Bachelet, que posibilitaba a los extranjeros obtener la residencia mediante un contrato de trabajo, que hizo que casi un 70 % de las solicitudes respondieran a ese formato, explicó Galaz.
Esta medida ha sido una de las más criticadas por las organizaciones de la sociedad civil, no obstante el subsecretario Ubilla recalcó que "no se busca impedir que los extranjeros entren al país, sino favorecer que los turistas se retiren y que los que vengan en busca de trabajo lo hagan de manera regular".
"El país no restringe otras visas, pero se ha tomado la disposición de hacerse cargo de una realidad, esa que permite que las personas entren como turistas y se queden para intentar conseguir una visa de trabajo", explicó la autoridad.
La legislación, que ya se discute en el Parlamento pero que cuenta con una serie de disposiciones de acción inmediata, incorpora también un ítem acerca de las expulsiones "expeditas" a inmigrantes que hayan cometidos delitos.
Este punto ha sido rechazado por las organizaciones de derechos humanos, ya que "si el Estado no garantiza un debido proceso judicial, no puede expulsar, porque no se sabe quien ha sido víctima de trata de personas, tráfico de drogas, o cual ha sido su situación", expresó Galaz.
Diversas entidades se han congregado a solo pasos de la sede de Gobierno para manifestar que seguirán trabajando por una migración con enfoque de derechos, pese a las declaraciones de Ubilla, quien dijo que "quienes creen en la migración como un derecho" mantienen una postura "extremadamente libertaria".
El director social del Servicio Jesuita al Migrante, Pablo Valenzuela, respondió a estos dichos haciendo hincapié en que "la migración preexiste a los Estados y se deriva desde la libertad más fundamental, que es la libertad de movilidad".
"Me extraña que personas o un sector que defiende tanto la libertad de mercado, la libertad para ofrecer y vender productos, comerciar también internacionalmente, le tenga tanto miedo a la libertad de la movilidad de las personas", sostuvo.
Piñera ha reiterado que la normativa actual es "absolutamente incapaz" de dar respuesta a los desafíos actuales, con cerca de un 6,1 % de población inmigrante.
La ley de Extranjería y Migraciones, que se promulgó en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es la más antigua de Suramérica y entró en vigencia cuando en Chile los extranjeros no superaban las 100.000 personas.
LISTIN DIARIO
