El director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, expuso ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana los avances en digitalización, simplificación de trámites y Facturación Electrónica, además de los primeros efectos de la Ley 30-26
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) llevó su balance de transformación institucional ante el sector industrial, una de las áreas productivas de mayor peso en la economía del país.
El director general de la entidad, Pedro Urrutia, fue orador en el Encuentro Industrial organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), donde presentó la visión y perspectivas de la administración tributaria para la industria.
Durante su intervención, Urrutia planteó que el sistema tributario dominicano se ha vuelto complejo con el tiempo y que la respuesta institucional pasa por una agenda sostenida de simplificación de procesos y digitalización de servicios.
El funcionario insistió en que la DGII no puede limitarse a recaudar, sino que debe consolidarse como una institución "facilitadora, aliada y habilitadora del desarrollo productivo".
Uno de los datos que ancló la intervención fue el crecimiento acelerado de la Facturación Electrónica. La DGII reportó más de 1,859 millones de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) emitidos satisfactoriamente al 1 de julio de 2026. El número de contribuyentes inscritos como emisores electrónicos pasó de 23,686 en enero de este año a 76,762 en la actualidad, es decir, más del triple en apenas seis meses.
Ligado a ese avance, Urrutia informó que la institución trabaja en un borrador de Norma General -actualmente en consulta pública- que eximiría de la retención del 30% del ITBIS prevista en la Norma General núm. 02-05 a los contribuyentes autorizados como emisores electrónicos que facturen mediante e-CF, una medida que la propia DGII enmarcó como un alivio directo para las mipymes.
El funcionario también informó sobre la simplificación oficial de 33 trámites y la eliminación de 68 requisitos, con más de 140 procedimientos adicionales bajo revisión. Anunció además que, a partir de agosto, la Oficina Virtual (OFV) permitirá radicar consultas técnicas y solicitudes de información con seguimiento y respuesta por el mismo canal, reduciendo la necesidad de gestión presencial.
En paralelo, señaló que la DGII y el Ministerio de Hacienda y Economía avanzan en un proyecto de integración digital y trazabilidad de trámites entre ambas instituciones, concebido en dos fases: integración de procesos y trazabilidad digital de las solicitudes.
Urrutia destacó el desempeño del chatbot institucional DIGI, disponible las 24 horas en la aplicación móvil, la Oficina Virtual, el portal institucional y las plataformas de Facturación Electrónica, que registró más de 150 mil interacciones solo en junio.
También reportó el fortalecimiento del centro de contacto, la optimización de la atención telefónica y mejoras en la identificación de contribuyentes para una atención presencial más personalizada.
El discurso abordó además la implementación de la Ley núm. 30-26, de Medidas Pro-crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.
Entre sus puntos centrales, Urrutia mencionó las facilidades para deudas tributarias aplicables hasta el 31 de diciembre de 2026, la reducción progresiva —y eliminación en 2028— del impuesto de 2% de Registro y Conservación de Hipotecas, y la derogación, a partir de 2027, del 1% por constitución de compañías y aumentos de capital.
El director de la DGII cerró su intervención con un llamado a la corresponsabilidad entre el Estado y el sector productivo: "Cuando la industria crece, crece la economía, crecen las oportunidades", frase con la que resumió el mensaje central de su comparecencia ante los industriales dominicanos.
AIRD destaca alianza con la DGII.
Mientras que, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, destacó que la relación entre la administración tributaria y el sector productivo constituye uno de los pilares del desarrollo nacional, al trascender la función recaudadora para convertirse en un factor que promueve la inversión, fortalece la formalidad, impulsa la competitividad y genera las condiciones necesarias para el crecimiento económico.
