El cierre de las oficinas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en La Romana, debido al traslado de sus instalaciones, ha generado una situación complicada para muchos ciudadanos que necesitan realizar trámites relacionados con sus documentos de tránsito.
El problema no es el traslado en sí, porque las instituciones tienen derecho a reorganizarse. El verdadero problema es que no se informó con tiempo ni se ofrecieron orientaciones claras a la población. ⚠️ Mientras las oficinas están cerradas, cuando un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) detiene a un conductor en la calle, poco le importa si las oficinas no están operando o si el sistema está fuera de servicio. Lo único que cuenta es la multa. 🚔 Esto deja al ciudadano en una situación de indefensión, porque aunque tenga su cita o el comprobante de que pagó sus impuestos, eso muchas veces no es suficiente para evitar una sanción. La situación se complica aún más si ocurre un accidente, ya que los seguros podrían poner trabas si la documentación no está actualizada, aun cuando la causa real sea el cierre temporal de las oficinas. A esto se suma que muchos ciudadanos podrían verse obligados a volver a pagar documentos como el certificado de buena conducta, simplemente porque no pudieron completar sus procesos a tiempo debido al cierre inesperado. 📄 Un traslado de oficinas debió anunciarse con tiempo, coordinando con las autoridades para evitar que el ciudadano quede atrapado entre la burocracia y las sanciones. Porque al final, cuando las instituciones fallan en la planificación, quien termina pagando las consecuencias es siempre el ciudadano. Publicado- Ricardo Rosario
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