El presidente de Uruguay le contestó a Alberto Fernández, quien previamente había defendido a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, planteó este martes que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) impulse la creación de una zona de libre comercio regional, y criticó a los países del grupo que “no respetan la democracia ni los derechos humanos”.
El mandatario pidió a sus pares de este foro que reúne a 33 países dejar el discurso y pasar “a la acción”.
“¿No será momento de sincerar estas relaciones y que desde la CELAC se impulse una zona de libre comercio (...) desde México hasta el sur de América del Sur? ¿No podemos avanzar en ese sentido?”, se preguntó.
“Tenemos ahí las posibilidades de comerciar libremente. Muchas de nuestras economías son complementarias, y estoy seguro de que podríamos avanzar”, sostuvo Lacalle Pou, cuando su país está bajo presión en el Mercosur tras la decisión de negociar un TLC con China, que sus socios Brasil, Argentina y Paraguay ven con recelo.
Asimismo, el mandatario uruguayo, uno de los pocos gobernantes de centroderecha en asistir a la cumbre de Buenos Aires, criticó la “tentación ideológica en los foros internacionales”, que termina provocando que se desvanezcan.
“He escuchado discursos que comparto totalmente, otros que comparto la mitad, y otros que no comparto casi nada. Pero entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular”, sostuvo, antes de afirmar que algunos discursos ostentan “títulos de solidaridad y otros conceptos que son muy lindos pero que a veces no se ponen en práctica”.
“Todos los países que estamos acá condenamos esas acciones contra la democracia en Brasil”, remarcó Lacalle Pou sobre la asonada de partidarios del ex mandatario Jair Bolsonaro contra los edificios de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero en demanda de un golpe de Estado que provocara la caída del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.
Y la declaración de la cumbre de la CELAC “habla de respeto a la democracia, los derechos humanos y el cuidado a las instituciones”. Pero “claramente hay países acá (...) que no respetan ni las instituciones, ni la democracia ni los derechos humanos”, lanzó. “No tengamos una visión hemipléjica (...) según el perfil ideológico”, pidió.
Más tarde, el jefe de Estado uruguayo agregó en conferencia de prensa que “cualquier organismo unido por la ideologia tiene corta vida”.
Durante su discurso, Lacalle Pou prefirió no referirse en este foro al Mercosur, ya que, comentó, “no es momento para marcar coincidencias y/o diferencias” e insistió en que los países de la región tienen sus “deberes”: adaptar la “realidad nacional para que se condiga con los discursos de esta comunidad”.
Más temprano, el discurso de apertura del evento realizado en Buenos Aires volvió a dejar en evidencia la afinidad que existe entre el gobierno argentino, encabezado hoy por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con las dictaduras de Daniel Ortega (Nicaragua), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Nicolás Maduro (Venezuela).
Inicialmente, Fernández instó a sus pares a luchar contra “los bloqueos” que sufren algunos países de la región, al sostener que “son un método muy perverso de sanción, no a los gobiernos sino a los pueblos”. Luego, el presidente argentino continuó su alocución, pero ya de forma más explícita: “Cuba lleva un bloqueo de más de seis décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz... Creemos en la democracia, que está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia, la ultraderecha se ha puesto de pie y amenaza a cada uno de nuestros pueblos. Nosotros no debemos permitir que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos”.
El posicionamiento ideológico de Alberto Fernández se profundizó instantes
después en su discurso: “Todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos y sus pueblos los legitiman como gobernantes. Y por lo tanto, más allá de cómo cada pueblo decida, en la diversidad debemos respetarnos y en la diversidad debemos crecer juntos”. Una frase por demás llamativa al tratarse de tres regímenes autoritarios, acusados de violaciones a los derechos humanos y de perpetuarse en el poder a costa del sufrimiento de sus pueblos.
El dictador nicaragüense Daniel Ortega se proclamó ganador en las elecciones de noviembre de 2021. Según el conteo oficial, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo el 75% de los votos. Sin embargo, para que eso suceda, Ortega y su esposa, la candidata a vicepresidente Rosario Murillo, debió “acomodar” algunos detalles para continuar con la suma del poder público.
Luego de la ola de manifestaciones populares de 2018 que pusieron en jaque a su gobierno y fueron brutalmente reprimidas con un saldo de alrededor de 400 muertos, Ortega dio comienzo a un proceso de persecución y purga política sin frenos ni reparos. Sus principales rivales o críticos -muchos de ellos políticos y periodistas que lo habían acompañado en la revolución sandinista- fueron encarcelados o debieron abandonar el país buscando exilio en otros países centroamericanos o en Europa. Incluso, para las elecciones de 2021, los principales aspirantes opositores fueron detenidos arbitrariamente. Reclusión que mantienen hasta la fecha.
Cuba, por su parte, tampoco muestra signos de ser una democracia, como insinuó Alberto Fernández. Mucho menos se puede decir que sus habitantes votan libremente a los candidatos que quieren. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba es la que posee el poder político en la isla. Ese órgano es el encargado de seleccionar nada menos que a la cabeza del Poder Ejecutivo. En la actualidad, esa responsabilidad radica en Miguel Díaz-Canel.
Pero la elección de esa asamblea no es democrática, ni mucho menos libre. De acuerdo a la Constitución de la República de Cuba, existe un sólo partido político: el Partido Comunista de Cuba. Lo deja de manifiesto de manera explícita en su Artículo 5. Ninguna otra entidad o institución puede organizarse para formalizar una agrupación con fines políticos.
Por último, el 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro asumió nuevamente la presidencia de Venezuela tras proclamarse ganador en unas elecciones denunciadas de fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. La validez y legitimidad de ese mandato era nulo. Para entender eso, hay que remontarse a las maniobras que el Palacio de Miraflores comenzó a ejecutar a partir de que la oposición ganó las elecciones parlamentarias de 2015. Un día antes del cambio de sus miembros, la Asamblea -con una mayoría chavista que perdería a partir de entonces- reformuló el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para contar con más jueces que le respondieran. Fue un trámite exprés. La primera medida que adoptó esta irregular instancia judicial fue impedir el normal funcionamiento del flamante congreso legislativo. De esta forma, cualquier ley aprobada por la Asamblea Nacional era impugnada por el Poder Ejecutivo y luego respaldada por el TSJ, que de inmediato suspendía su aplicación.
El siguiente paso que dio el dictador chavista fue armar unas elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, que reemplazaría a la elegida democráticamente. De esta forma, comenzó a funcionar un Parlamento paralelo al que el Palacio de Miraflores sí tenía en cuenta.
Para las últimas “elecciones” presidenciales, el régimen colocó mil y un trabas burocráticas para validar las listas y las candidaturas. Además de tener proscriptos a los dirigentes opositores con mayor potencia electoral, el chavismo diseñó otra ingeniería de dificultoso cumplimiento. La ilegal Asamblea Constituyente decidió quitarles la personería a todos los partidos que no hubiesen participado de las anteriores elecciones municipales y estableció que para revalidar su legalidad debían presentar en pocas semanas planillas con las firmas certificadas de al menos el 5% del padrón electoral, una ingeniería imposible de afrontar en una Venezuela colapsada, donde los colectivos parapoliciales chavistas imponen el miedo en los barrios. Así, quedaron fuera de carrera las boletas de Voluntad Popular, Primero Justicia y la Mesa de Unidad Democrática, la alianza vencedora en las legislativas de 2015.
Pero además, cuatro millones de venezolanos fueron imposibilitados de presentarse a votar.
La VII cumbre de la CELAC terminará en la tarde de este martes luego de una sesión cerrada de la cual se conocieron solo algunos discursos.
(Con información de AFP)
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