Corría el segundo año del primer periodo de gobierno del entonces Presidente de la
Republica Dr. Leonel Fernandez Reyna, específicamente en el mes de Julio de 1997,
cuando mediante el decreto 322-97 es creado el Departamento de Prevención de la
Corrupción Administrativa, conocido popularmente por sus siglas DEPRECO. El artículo
2 del referido decreto señalaba lo siguiente, cito: “Artículo 2.- El Departamento de
Prevención de la Corrupción Administrativa será el responsable del diseño, ejecución y
manejo del Programa Nacional de la Lucha Contra la Corrupción Administrativa y para
ello hará uso de todas las atribuciones que les son propias como parte e instancia
superior del Ministro Público”. En artículo 3 del mencionado decreto, se nombraron
otras atribuciones del recién creado departamento, entre las cuales se encontraban la
de elaborar y diseñar todo tipo de políticas tendentes a EVITAR la comisión de actos de
corrupción administrativa pública.
10 años después, exactamente en el mes de julio del 2007, el mismo Presidente Leonel
Fernandez modifica el DEPRECO y pasa a llamarse Dirección Nacional de Persecución
de la Corrupción Administrativa, conocida por las siglas DPCA y cuya misión principal
era investigar los hechos y conductas delictuosas cometidas contra la administración y
sostener la acción penal pública de estos casos ante los tribunales de la República. El 4
de febrero de 2013, mediante la resolución 003, el Consejo Superior del Ministerio
Público transformó el DPCA en la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa, conocida por sus siglas PEPCA, teniendo esta como
primera atribución el establecimiento de la política de persecución de los casos de
crímenes y delitos de corrupción administrativa a nivel nacional.
Llama la atención que desde el surgimiento del primer órgano creado para prevenir la
corrupción administrativa, el anterior DEPRECO, el mismo haya sufrido 10 años
después un cambio de nombre cuando pasó a llamarse DPCA. ¿Será que las
autoridades entendieron que la lucha para prevenir la corrupción administrativa no
había dejado resultados? ¿Será que entendieron las autoridades del momento que era
más fácil perseguir a los corruptos que prevenir los actos de corrupción? ¿Será que la
corrupción administrativa en el sector público ha hecho metástasis y no son posibles
políticas públicas orientadas a lograr una efectiva campaña de prevención, en lugar de
dedicar esfuerzos en persecución?
Parecería un simple cambio de nombre, tal vez lo sea, pero la realidad histórica de
nuestro país es que la lucha contra la corrupción se ha convertido en una promesa de
campaña de todos los candidatos que aspiran a dirigir los fondos públicos pero al
momento de estos ser favorecidos con el voto popular, esas promesas quedan en el
olvido y vemos como se produce una especie de “rumba abierta” con los fondos del
estado. Los medios de comunicación se hacen eco de un escándalo tras otro,
funcionarios de todos los niveles son señalados por cometer actos reñidos contra las
normas legales, dilapidando recursos y no se evidencia un régimen de consecuencias
que pueda poner un freno.
Ante la asunción al poder del actual Presidente Luis Abinader el pasado 16 de agosto y
el nombramiento de la Magistrada Miriam German Brito como Procuradora General de
la República, nuevamente ha renacido la esperanza de ver responder ante la justicia a
aquellos funcionarios que han hecho fiesta con los recursos del Estado, sin embargo
surges de inmediato algunas preguntas sin respuestas: ¿Podrá finalmente una promesa
de campaña convertirse en un accionar real contra los infractores? ¿Será esta la
vencida y podremos ver sometidos, investigados, condenados y llevados tras las rejas a
los responsables de usar fondos públicos de forma indiscriminada, violando todos los
procedimientos legales establecidos?
Las últimas designaciones realizadas por la Procuraduría General de la República en lo
concerniente a los nombramientos de la Magistrada Yeni Berenice Reinoso como
Directora General de Persecución de la Corrupción Administrativa, de Wilson Camacho
como Procurador Adjunto encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa PEPCA, además de la asignación de 25 fiscales y la
futura contratación de expertos en diversas áreas, como contabilidad, tecnología y
finanzas, con el objetivo de reforzar las investigaciones y procesamiento de la
criminalidad organizada, en especial de delitos como la corrupción y el lavado de
activos, refuerzan la percepción de que el Ministerio Público se está organizando con
todos los recursos necesarios para no solo prevenir los hechos de corrupción, sino
también de sancionar a los pasados funcionarios que hayan cometido faltas graves en
el ejercicio de sus funciones.
Si esto último sucede, podríamos estar frente a un hecho sin precedentes en la historia
de nuestro país y servirá de igual manera como un mensaje contundente a los recién
designados funcionarios, de que al Estado se va a servir, no a servirse, de que al Estado
se va a hacer uso correcto del erario público, no a violar disposiciones para beneficiar
particulares. Es hora de que la Ética y la Transparencia sean parte esencial del accionar
de nuestros servidores públicos.
Por: Ezequiel del Rosario C.
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