SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que, una vez sea recibida la sentencia núm.
00278-2014, emitida hoy por la segunda sala del Tribunal Superior
Administrativo, con las debidas motivaciones, acudirá ante el Tribunal
Constitucional para solicitar la revisión de ese fallo, que ordena a esa
entidad recaudadora a no ejecutar la resolución que dispone gravar las
compras por internet menores a los US$200.
En un documento de prensa enviado a los medios de
comunicación, Aduanas dicce "rechazar la parte dispositiva que se ha
dado a conocer", al referrirse a la sentencia de la Segunda Sala del
Tribunal Superior Administrativo (TSA).
"La DGA expresa el rechazo a la referida sentencia, en razón de que entiende no se han vulnerado derechos fundamentales de los tipos contenidos en la Constitución de la República vigente, tal como fue explicado por los abogados que representaron a la entidad ante el referido Tribunal", afirma esa institución.
En tanto, entrevistado por las periodistas Altagracia Salazar y Diana Lora, el director de la DGA, Fernando Fernández, insistió que la medida de la institución que dirige se ha acogido a lo que establecen las leyes, al emitir la resolución que diversos sectores, incluido los consumidores califican de ilegal porque viola un decreto presidencial y establece un impuesto sin antes pasar por el Congreso de la República.
"La DGA expresa el rechazo a la referida sentencia, en razón de que entiende no se han vulnerado derechos fundamentales de los tipos contenidos en la Constitución de la República vigente, tal como fue explicado por los abogados que representaron a la entidad ante el referido Tribunal", afirma esa institución.
En tanto, entrevistado por las periodistas Altagracia Salazar y Diana Lora, el director de la DGA, Fernando Fernández, insistió que la medida de la institución que dirige se ha acogido a lo que establecen las leyes, al emitir la resolución que diversos sectores, incluido los consumidores califican de ilegal porque viola un decreto presidencial y establece un impuesto sin antes pasar por el Congreso de la República.
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