Considera que el CEA debe ser saneado para beneficio de todos los dominicanos y que la comisión debe seguir trabajando
SANTO DOMINGO. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, reveló que realmente hay una voluntad de transformar una entidad “pesada” como el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que tiene la inmobiliaria más grande del país y en la se vendían los terrenos y a veces había que acelerar ventas y cobros para pagar una nómina de 40 o 50 millones de pesos.
Espinal reconoció que hay que hacer un alto en el camino y reorientar esta institución, pero aclaró que este proceso no se hará de la noche a la mañana “pero lo que hay que tener en cuenta es que se haga en un plazo prudente y que las reformas tengan las medidas necesarias a los problemas que plantea la institución”.
Explicó que el CEA se crea como forma de un holding público propietario de unos doce ingenios y que con el paso del tiempo la ineficiencia, la falta de inversión en capital y renovación hicieron que cada vez menos competitivo en comparación con los ingenios privados que sí lograron hacerse competitivos en el contexto de cambios de la economía del azúcar. “Cuando llega la reforma a la empresa pública en la segunda mitad de los 90, en la primera administración del presidente (Leonel) Fernández queda en una situación donde sus ingenios ya no son funcionales, comienza a cerrar algunos, otros fueron arrendados, pero básicamente lo que uno se encuentra es con unos terrenos que son propiedad del CEA y ahí se da un giro y se crea la inmobiliaria”, explicó.
Subrayó que al parecer lo que debió ocurrir es, en un tiempo tal vez más corto, que se hubiera decido hacer un levantamiento de qué tiene el CEA y vender lo que racionalmente era vendible o utilizar algunas tierras para planes públicos de viviendas o para reforestación en algunas áreas “y eso es ahora que se está haciendo”.
Entrevistado en el Diálogo Libre, Espinal agregó que es probable que esto sea una solución porque si el consorcio dejara de existir, “yo no sé si esa va a ser la recomendación final, que la titularidad de los inmuebles del Estado está a nombre de Bienes Nacionales”.
Recordó que lo importante es que en este caso prime la defensa del interés público, la defensa del patrimonio del Estado, para que de una vez se pueda determinar qué se puede hacer en el futuro con esos terrenos, muchos de los cuales pueden ser muy útiles para el desarrollo.
Indicó que durante las investigaciones que la comisión que encabezó llevó a cabo en torno al escándalo del CEA en San Pedro de Macorís, se detectaron algunas malas prácticas que “nos llevaron a entender de que esto tenía implicaciones más allá de lo que se pensaba”. Dijo que fue esta la razón por la que se recomendó un cambio en la dirección del CEA, así como en las direcciones regionales de Boca Chica, San Pedro de Macorís y el resto de la región Este. Explicó que ya se veía venir que se pusiera orden en el CEA, pues esa comisión tenía como mandato hacer un levantamiento de los terrenos.
Cree país debe hacer valer leyes migratorias
Al referirse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, el Consultor Jurídico dijo que uno de los temas más complejos es el de las migraciones y agregó que en medio de desafíos, la República Dominicana se encontró con el reto de dar respuesta a la Ley de Naturalización, la 169, y ratificada por el Tribunal Constitucional, en la que le instruyó al gobierno a que diseñara el plan y lo exhortó a que lo llevara a cabo.
“En ese contexto el gobierno emprende un plan con la dificultad de que la mayor parte de los migrantes a la República Dominicana provienen de un estado extremadamente precario que no dota de documentos a sus ciudadanos, porque cualquier otro estado dota a sus ciudadanos de su pasaporte, de sus demás documentos y en ese sentido, el estado que va a regularizar sabe con quién está lidiando”, aclaró.
Manifestó que valió la pena que el gobierno dominicano emprendiera el Plan de Regularización y es un esfuerzo que hay que mantener, “y quiero decir algo, la República Dominicana es uno de los pocos países que teniendo un fenómeno migratorio significativo, nunca había llevado a cabo un plan de regularización, lo que significaba de manera simultánea un proceso de apertura y de cierre”.
Explicó que abrir es comenzar el plan y cerrar es aplicar la ley, que significa cuidar la frontera, “ponernos duro, hacer valer nuestra legislación laboral y todo lo demás”.
Sostuvo que fue correcta la decisión y entiende que hay que mantener ese esfuerzo porque si se desvanece, en cuanto a la parte de la nacionalidad, “nosotros tenemos una decisión del Tribunal Constitucional que es vinculante, como intérprete último de la Constitución respetamos esa decisión, a la vez se creó un problema que había que dar respuesta a personas que el Estado había registrado como dominicanos y de pronto se encontraron afectados y la Ley 169 le dio respuesta a ese grupo de personas y también valió la pena”.
Añadió que todas las instituciones, tienen que hacer valer su derecho de nacionalidad y defenderlo, mostrar y justificar que “nosotros tenemos el derecho de tener un régimen particular de nacionalidad”.
“En cuanto al proceso que viene, lo tenemos presente y es una realidad que tenemos que darle respuestas a estas personas que son parte ya del proceso de regularización y que están encontrando dificultad para tener los documentos que le puedan servir de base en el proceso de regularización”, dijo.
Subrayó que el país debe hacer valer sus leyes migratorias y que por eso, es bueno el plan de regularización que se lleva a cabo para beneficiar a todos los indocumentados que viven en la República Dominicana.
Catalogó el proceso de regularización de extranjeros como muy bueno y adelantado.
“En ese contexto el gobierno emprende un plan con la dificultad de que la mayor parte de los migrantes a la República Dominicana provienen de un estado extremadamente precario que no dota de documentos a sus ciudadanos, porque cualquier otro estado dota a sus ciudadanos de su pasaporte, de sus demás documentos y en ese sentido, el estado que va a regularizar sabe con quién está lidiando”, aclaró.
Manifestó que valió la pena que el gobierno dominicano emprendiera el Plan de Regularización y es un esfuerzo que hay que mantener, “y quiero decir algo, la República Dominicana es uno de los pocos países que teniendo un fenómeno migratorio significativo, nunca había llevado a cabo un plan de regularización, lo que significaba de manera simultánea un proceso de apertura y de cierre”.
Explicó que abrir es comenzar el plan y cerrar es aplicar la ley, que significa cuidar la frontera, “ponernos duro, hacer valer nuestra legislación laboral y todo lo demás”.
Sostuvo que fue correcta la decisión y entiende que hay que mantener ese esfuerzo porque si se desvanece, en cuanto a la parte de la nacionalidad, “nosotros tenemos una decisión del Tribunal Constitucional que es vinculante, como intérprete último de la Constitución respetamos esa decisión, a la vez se creó un problema que había que dar respuesta a personas que el Estado había registrado como dominicanos y de pronto se encontraron afectados y la Ley 169 le dio respuesta a ese grupo de personas y también valió la pena”.
Añadió que todas las instituciones, tienen que hacer valer su derecho de nacionalidad y defenderlo, mostrar y justificar que “nosotros tenemos el derecho de tener un régimen particular de nacionalidad”.
“En cuanto al proceso que viene, lo tenemos presente y es una realidad que tenemos que darle respuestas a estas personas que son parte ya del proceso de regularización y que están encontrando dificultad para tener los documentos que le puedan servir de base en el proceso de regularización”, dijo.
Subrayó que el país debe hacer valer sus leyes migratorias y que por eso, es bueno el plan de regularización que se lleva a cabo para beneficiar a todos los indocumentados que viven en la República Dominicana.
Catalogó el proceso de regularización de extranjeros como muy bueno y adelantado.
Convocatoria al CNM
Al referirse a las peticiones de grupos opositores que piden al presidente Danilo Medina que convoque al Consejo Nacional de la Magistratura, Flavio Darío Espinal aclaró que hasta el momento el mandatario no ha convocado a ese organismo responsable de elegir a los jueces de las altas cortes. Reconoció que es una atribución del Presidente convocar al Consejo de la Magistratura y que oportunamente lo hará. Recientemente el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el excandidato presidencial de la misma organización, exigieron al presiente Danilo Medina que convoque de manera urgente al Consejo Nacional de la Magistratura con el fin de elegir a los nuevos jueces del Tribunal Electoral. Otras organizaciones también se unieron a la petición del PRM que consideran que llegó el tiempo de que algunos jueces que componen las altas cortes sean relevados de sus funciones porque a su entender ya cumplieron su tiempo para el que fueron electos.
La encomienda a la comisión
Con el decreto 44-17, el Ejecutivo creó una comisión para que examinara y rindiera un informe sobre todo lo concerniente a la operación de compra y venta de los terrenos del CEA, vinculada a los hechos ocurridos en San Pedro de Macorís, y que dejaron tres muertes. A la comisión le fue dado un plazo para su informe no mayor de una semana.
