Para ser general de la PN es imprescindible tener una finca, una gran
residencia y buenas cuentas de bancos. Vale más el criterio monetario,
en quienes toman las decisiones de promoción, que el criterio de
honestidad y eficiencia.

La Policía Nacional es una institución con virtudes y defectos. Si
usted investiga y se entera de la manera en que trabajan los miembros de
la Policía Nacional, en su cotidianidad, investigando y persiguiendo
criminales, ladrones, asaltantes y cientos de delitos más, sabrá que se
trata de personas sacrificadas, con una vocación de servicio más allá de
lo imaginable, porque incluso muchos de sus miembros exponen cada día
hasta su vida para realizar su trabajo.
Pero ese sacrificio no es de todos los miembros de la Policía
Nacional. Son unos pocos los que tienen privilegios y los que toman
decisiones. Estamos hablando de una institución jerarquizada, con una
disciplina que quiere emular la disciplina militar y que se comporta, en
sus rangos y conductas, a la de las Fuerzas Armadas.
Es fácil, incluso, decir desde cualquier sillón de la oficialidad o
del gobierno que la Policía Nacional dominicana es una de las más
eficientes del continente y que los salarios de sus miembros son
miserables y desnudan una realidad: que el Estado no reconoce ese
trabajo ni su eficiencia, y prefiere seguir con bajos salarios y con
personal escasamente calificado, expuesto a ser conquistado por la
delincuencia, el narcotráfico y el dinero fácil.
La otra versión es más dramática. La Policía Nacional es ineficiente,
está profundamente corrompida, de arriba hasta el más bajo escalón, y
necesita ser replanteada, con criterios no militares, y con una lógica
civil de profesionalización que brinde los servicios que los ciudadanos
necesitan.
A esto se agrega que no es válido el criterio de que la Policía es
corrupta por los bajos salarios, debido a que hay hombres honestos en
ella que no se dedican a delinquir. Del mismo modo que hay oficiales que
viven de su trabajo y que no tienen fincas, residencias, jeepetas, ni
joyas y cuentas en los bancos, y tampoco se dejan seducir por el dinero
de los criminales y ladrones.
Más bien se trata de la selección que ha hecho la Policia para
integrar un cuerpo dirigencial que no responde a los estándares
necesarios. Para ser general de la PN es imprescindible tener una finca,
una gran residencia y buenas cuentas de bancos. Vale más el criterio
monetario, en quienes toman las decisiones de promoción, que el criterio
de honestidad y eficiencia.
Ese puede ser uno de los problemas de la Policía Nacional, que ahora
está en uno de los puntos más bajos de credibilidad, debido al escándalo
del Departamento Antinarcótico (DICAN), que por completo se vio
involucrado, desde su cabeza, en una acción deleznable de negocio de
droga incautada.
Esos agentes y oficiales involucrados en actos ilícitos tienen un
historial, que se supone es o debe ser conocido por los más altos
oficiales que recomendaron su designación. La Policía Nacional está
obligada a limpiarse de los sicarios, delincuentes, narcotraficantes,
jefes de grupos de ladrones y de cualquier otra modalidad de crimen que
se inserte en ella. La menor sospecha debe ser motivo de investigación y
sanción.
El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo,
debe aprovechar esta oportunidad para realizar una revolución interna
en la Policía Nacional. No es posible que se cierre en banda a defender
un cuerpo que ha probado estar infectado de raíz.
Tal vez sea esta la oportunidad que tiene el gobierno del presidente
Danilo Medina para asumir el discurso de campaña de Danilo Medina, sobre
la delincuencia y las formas de hacerle frente, tomando en cuenta la
multiplicidad de factores que inciden en ella, en particular la pobreza y
la desigualdad, y también el mecanismo de persecución del crimen
organizado, que lo representa la Policía Nacional y el Ministerio
Público.
Si el presidente no lo hace ahora, estaría pendiendo una gran
oportunidad. Cuenta con el apoyo de la sociedad, en este sentido, y por
supuesto, también del Congreso y de los estamentos políticos racionales y
conscientes.





