LOS DETENIDOS SON GERARDO DÍAZ, JEAN CARLOS DÍAZ, LUIS JUSTINIANO NÚÑEZ, JORGE HENRÍQUEZ Y GREGORY FRÍASEl
juez de Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó tres meses de prisión preventiva contra cinco venezolanos acusados de introducir al país 359 kilos de cocaína por el Aeropuerto Internacional de La Romana, luego de conocer la revisión del fallo que dispuso su libertad y por el que es investigada y fue suspendida la jueza Aristilda Mercedes Rodríguez.
Con la decisión del magistrado Juan Nehemías Ramírez se normaliza la prisión de los involucrados, pese a que la misma se ha pospuesto desde el Jueves Santo, cuando la entonces jueza del Juzgado de Atención Permanente, Mercedes Rodríguez, otorgó la libertad “pura y simple” a los involucrados.
Los detenidos son Gerardo Díaz, de 38 años; Jean Carlos Díaz, de 35; Luis Justiniano Núñez, de 55; Jorge Henríquez, de 44 y Gregory Frías, de 23.
La decisión, solicitada por el Ministerio Público, da oportunidad a que sean procesados sin escapar de la justicia, luego de que la semana pasada se validara una solicitud de la fiscal Yaniris Rodríguez, para que se pospusiera el conocimiento del caso, a fin de que los abogados de oficio lo estudiaran, ante el abandono de uno de la defensa.
Los abogados de los imputados adelantaron que apelarán a los mecanismos legales para hacer valer su derecho.
Dionicio Báez, quien desde principio figuraba como uno de los abogados de los extranjeros, dijo que estudiarán las vías para hacer valer los argumentos en favor de sus defendidos, asimismo, se quejó de que se le decretara abandono en audiencia anterior y que se ordenara que la Defensoría Pública asumiera el caso.
Desde que inició el proceso, la defensa utiliza “tácticas dilatorias” y en ocasiones no subían a estrado, lo que se consideró una estrategia para retrasar el conocimiento del caso, según el declaró el Ministerio Público.
El conocimiento de la revisión del dictamen de Mercedes se conoció este miércoles, a pesar de que han transcurrido más de dos meses, entre posposiciones por recusaciones de jueces, sometimiento de un recurso de Habeas Corpus e incluso el rechazo de la Suprema Corte de Justicia, a una petición de declinar del caso de los abogados para que se conozca en otro distrito judicial del país.
